En este caso, el agente había solicitado el sobreseimiento provisional hace un año, requerimiento concedido por el juez Humberto Otazú.

Piñánez alegó que faltaban diligencias, entre ellas la pericia de los equipos. Su excolega Martín Cabrera había imputado a De Vargas, Rojas y otros cinco implicados por la compra de dos equipos (2012 y 2015), por un total de unos US$ 2.500.000.

De acuerdo con los datos, De Vargas pagó G. 9.406.120.000, en el 2012, y Rojas G. 1.250.000.000 en el 2015. Para ambas operaciones se recurrió a la firma Televox SRL, creada solamente para consumar esas transacciones con la Senad.

Cabrera fue recusado a poco de acusar y Piñánez pidió el provisional.