El pasado jueves los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández, José dos Santos y Yolanda Portillo recusaron y pidieron el apartamiento de los ministros de Corte Sindulfo Blanco y César Garay, de la causa conocida como “helicópteros”, quienes deben estudiar la acción de inconstitucionalidad que planteó Filizzola contra la resolución que elevó el proceso a juicio oral y público.
Ayer, el agente fiscal de esta Unidad, Igor Cáceres, recusó nuevamente a Garay, pero en el caso “comisarías”, donde Filizzola está acusado por una supuesta malversación de G. 1.100 millones.
El fiscal Cáceres utiliza el mismo argumento esgrimido para el caso “helicópteros”. Le recuerda a Garay que tiene pendiente juicio político que se está tramitando en la Cámara de Senadores. Filizzola como presidente del Partido Democrático Progresista (PDP) tiene tres senadores en la Cámara Alta, entre ellos a su esposa Desirée Masi, quien ya anunció públicamente que no iba a acompañar el enjuiciamiento a Garay, Blanco y al ministro Miguel Óscar Bajac.
Los votos del PDP son decisivos para destituir a los ministros de Corte enjuiciados. Este es el interés manifiesto que tienen los ministros para favorecer a Filizzola.
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Tanto Blanco (de la Sala Penal), como Garay y Bajac (ambos de la Sala Civil), integran la Sala Constitucional en ambas causas (comisarías y helicópteros), donde está procesado por defraudación el exministro del Interior Filizzola.
Piden rechazar acción
El fiscal Cáceres, en su contestación de la inconstitucionalidad que planteó Filizzola, solicitó a la Sala Constitucional (integrada por Miryam Peña, Bajac y Garay) que no haga lugar a la acción por ser inadmisible e improcedente. Filizzola promovió la inconstitucionalidad contra la resolución de la jueza Lici Sánchez que admitió la imputación por lesión de confianza.