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A través de los informes recabados, la fiscala Karen Chaparro pretende determinar cómo fueron a parar los elementos incendiarios en poder de los internos. También se busca la identificación de los responsables de la quema de colchones y otros elementos en el interior del reclusorio de menores, ubicado en el kilómetro 9 de la capital altoparanaense.
La agente del Ministerio Público solicitó además la nómina de los guardiacárceles que estuvieron trabajando entre el 12 y 13 de setiembre, al igual que el listado completo de los reclusos y la situación procesal de cada uno de ellos. Asimismo, requirió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos en el sitio.
La fiscal Chaparro también anunció que como acto investigativo llamará a prestar declaración testifical al director del establecimiento, Éver Ruiz y a los guardiacárceles del correccional, además de los internos que no sufrieron lesiones durante el violento amotinamiento.
La representante del Ministerio Público también aclaró que la investigación primariamente se centra en el hecho punible de motín de internos, pero indagará a fin de determinar si eventualmente hubo responsabilidad de los encargados de la institución en el hecho sucedido.
Están graves
Cuatro de los once adolescentes que fueron derivados desde Ciudad del Este tras el incendio en la correccional continúan internados en terapia intensiva del Centro Nacional de Quemaduras, en estado grave.
Tienen quemaduras de segundo grado profundas y de tercer grado en el cuerpo, además de lesiones por inhalación de humo caliente en las vías respiratorias, informó ayer el doctor Luis Amarilla, director médico del nosocomio.