En lo que aparenta ser un adelanto de juicio oral y público se desarrolla la audiencia preliminar que hoy continuará a partir de las 9:00.
El juez Gustavo Amarilla lleva adelante el proceso que tiene como partes al fiscal Centurión y a los querellantes Alfredo Cáceres y Jorge López, representados por el abogado Rolando Alum.
Los acusados son el exministro del Interior Walter Bower, representado por los abogados Jorge Vasconsellos y Evelio López; el comisario Osvaldo Vera, cuya defensa es ejercida por Secundino Méndez; y el excomisario Merardo Palacios, representado por la abogada María Isabel Candia.
Tanto la fiscalía como la querella coincidieron en señalar que el proceso penal debe llegar a juicio oral y público, en donde el hecho a ser debatido es el de tortura.
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Recordaron que todo se inició tras un intento de golpe al gobierno de Luis González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
Varios policías, supuestamente implicados, fueron detenidos y llevados a la comisaría 11ª, jurisdicción en la cual Bower tenía su residencia.
El jefe de esa comisaría era juan Basilio Pavón (falleció durante este largo proceso), el subjefe Palacios y Vera formaba parte del cuadro.
Esa madrugada del 19 torturaron a los policías detenidos.
Entre ellos estaba el ahora comisario Jorge López.
En los primeros minutos del 21, siempre según la acusación, Bower con una comitiva policial fue hasta la sede de la Marina.
Con ellos llevaron al detenido Jorge López.
En la Marina estaba detenido Cáceres, a quien lo sindicaban como jefe de la rebelión por parte de los policías.
En la sede militar fue torturado para que declare su implicancia.
Este proceso penal a consecuencia de las chicanas ya lleva 18 años, y la defensa lo que busca es tras dilatar todo ese tiempo, que se deje de lado la tortura, que es un delito imprescriptible. Si se logra esto, se extinguirá esta causa e irá al oparei.
Argumentos de la defensa
La defensa de Walter Bower refiere que la Ley 4614/12 presenta modificaciones en lo que se refiere al delito de tortura, por lo que el mismo debe ser desvinculado de la causa.
La defensa de los policías señala que fueron imputados por lesión corporal en el ejercicio de la función pública y que ya pasó el tiempo límite para juzgarlos por ese delito.