Franco aseguró ante el fiscal Martín Cabrera que no firmó el decreto para autorizar la compra de equipos de espionaje porque la Asesoría Jurídica liderada por la abogada Amanda González, así como el exministro del Interior Carmelo Caballero, le recomendaron que no era necesaria la firma.
Evidentemente, el exministro de la Senad Francisco de Vargas utilizó la vía de la excepción, argumentando la extrema urgencia para comprar los equipos, especuló Franco.
Sin embargo, en el borrador de decreto que envió De Vargas en el 2012 al entonces presidente Franco, el ministro de la Senad invoca para solicitar el decreto de autorización de compra del equipo la vía de la excepción con el argumento de “garantizar la seguridad de la Nación”.
Franco agregó que la responsabilidad de la adquisición del sistema de espionaje era de De Vargas. Luego alabó la gestión del exministro de la Senad, al tiempo de afirmar que el equipo de escucha telefónica era de necesidad impostergable para la lucha antidrogas, y las pruebas fueron las incautaciones récord de cocaína. Sin embargo, no supo decir si para este efecto se utilizó el equipo de espionaje, ya que De Vargas ni siquiera le comunicó que había adquirido el mencionado sistema.
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De Vargas firmó con la empresa Televox SRL la compra del “sistema de rastreo sensitivo móvil” para la Senad, el 21 de noviembre de 2012. Empero, la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República recién envió al archivo el pedido de borrador del decreto el 12 de diciembre de 2012.
Televox importó el equipo de espionaje el 5 de mayo de 2013; sin embargo, la Senad ya había pagado los G. 9.406 millones el 29 de enero de 2013, y al día siguiente, 30 de enero, funcionarios de la Senad retiraron 260.000 euros de la cuenta de Televox, que había sido depositado en el Banco Familiar, según la investigación fiscal.