El anuncio fue realizado por ocho agremiaciones aglutinadas en el denominado Frente Unido, del Ministerio Público, conformado por el Sindicato de Funcionarios, la Asociación de Funcionarios, Asociación de Fiscales, la Asociación de Asistentes Fiscales, la Asociación de Psicólogos Forenses, la Coordinadora de Relatores Fiscales, la Coordinadora de Funcionarios del Laboratorio Forense y la Asociación de Médicos Forenses.

El secretario general del sindicato del Ministerio Público, Odilón Turo, manifestó que durante el cese de actividades se garantizan a la ciudadanía los servicios básicos.

El gremialista indicó que la huelga es para beneficio de los ciudadanos que se verán favorecidos con la prestación de un mejor servicio. Indicó que en muchos casos ya no se tienen útiles y materiales de trabajo como tinta para impresoras, hojas, bolígrafos, etc. Agregó que ya no se cuenta en el presupuesto para el pago de viáticos a los funcionarios.

Turo también dijo que solicitarán que no se reciban las denuncias en la Fiscalía General.

El gremialista dijo reconocer la labor de la fiscala general Sandra Quiñónez, para que la institución cuente con los elementos básicos. En ese sentido, explicó que la ampliación que solicita el Ministerio Público al Parlamento no impacta más del 3% de lo asignado a la institución, que es de G. 626.000 millones.