Los denunciantes, que se encuentran privados de su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional a raíz de la imputación de Fernández, dicen que el fiscal cometió los hechos punibles de revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio y hasta atentado contra el orden constitucional. Además refieren supuestas faltas graves del agente del caso.
Insisten en que los informes de Seprelad solo pueden servir como guías para la investigación del Ministerio Público. Sin embargo, según el escrito, el fiscal denunciado transcribe lo que le remitió el órgano antilavado en la imputación, que después se hizo público.
“Nuestra parte sostiene que el requerimiento fiscal de imputación que nos vincula al proceso penal que soportamos actualmente, ha sido formulado contraviniendo expresa normativa de inteligencia financiera, revelando datos e informaciones de carácter reservado y confidencial”, sostienen el exsenador colorado y su hijo. Agregan que se transcribió el informe hasta con los errores que envió Seprelad.
“Es indudable que el denunciado igualmente ha cometido falta grave, que puede ser incurso a este mismo tipo penal; pues ha revelado en forma constante todo lo que hace a las documentaciones de la carpeta fiscal y ha realizado conferencia de prensa y en especial ha facilitado al diario ABC, documentos y detalles de todo lo que realiza y va a realizar en la presente causa, incluso antes de dar a conocer a nuestra defensa”, agregan.
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Los denunciantes refieren que de todo lo que guarda relación a la causa en contra de ellos tiene conocimiento la prensa. “Se han venido publicando informes que debían ser resguardos, informes referentes a nuestros bienes, los cuales pueden ser mal utilizados, en grave perjuicio de nuestra familia”, enfatizan los imputados.
“Hemos notado que en forma constante se ha dado información sobre documentos que hacen a la carpeta fiscal a la prensa y respecto a esto mi parte se reserva otras acciones legales pertinentes”, advierten en su escrito González Daher y su hijo.
Buscan amedrentar
En el Ministerio Público se toma esta denuncia como un intento de amedrentamiento a los fiscales.
Hace poco, el senador colorado Víctor Bogado también denunció a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz por persecución a inocente. Fue en el caso de la “niñera de oro”, Gabriela Quintana. Bogado ahora deberá afrontar juicio oral y público por estafa y cobro indebido de honorarios.
Si no es una denuncia penal, los políticos sospechados de corrupción recurren al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en busca de la destitución de los fiscales que los investiga.
La denuncia fue formulada con el patrocinio de los abogados Sara Parquet de Ríos, Cecilia Pérez Rivas y Jorge Ojeda del Mestre.
Sin justificación G. 8 billones
El imputado senador colorado Óscar González Daher y su familia son investigados por la Fiscalía ante el hallazgo de operaciones sospechosas por más de G. 8 billones, de acuerdo al reporte de Seprelad. Su hijo, Rubén González Chaves movió G. 103.814.675.420, que son de origen desconocido. Ramón González Daher, dirigente deportivo suspendido por FIFA, movió G. 7.939.724.096.065, cuyo origen se desconoce o no tiene suficiente respaldo. Detrás de la misteriosa inmobiliaria “Príncipe Di Savoia” se mueve toda la familia.
