“La posición asumida por la Corte armoniza plenamente con la postura pública asumida por esta Asociación en el sentido de hacer realidad lo que hasta ayer era una utopía: el acceso a la información pública”, se desprende del escrito firmado por el presidente del gremio, el juez Gustavo Santander Dans, y por el secretario general, el camarista José Agustín Fernández.
Sin embargo, el gremio de magistrados cuestiona las exageradas remuneraciones de funcionarios administrativos, que quedó al descubierto con la publicación de la nómina de casi 11.000 funcionarios.
“La Asociación también había expresado su preocupación cuando saltó a la luz pública la asignación de beneficios por parte de directores del área administrativa del Poder Judicial”, aduce.
El gremio enfatiza que el 4 de febrero de este año en una nota dirigida a la Corte, “lamentó” la autoasignación de millonarios beneficios que realizaron los directores del área administrativa, Roberto Torres y Rosa Lucía Santacruz (esta última separada del cargo), debido a que llegaron a adjudicarse hasta seis bonificaciones. En el caso de Santacruz, percibió G. 71 millones en diciembre.
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Sobre el hecho, refiere: “Por tanto, al conocerse y tenerse hoy a disposición la información pública de que el sector administrativo percibe emolumentos notablemente superiores, en desmedro de quienes ejercen esencialmente la tarea jurisdiccional, reivindicamos la discrepancia del gremio referente a la erogación estatal destinada al pago de sueldos y otras remuneraciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial”.
La Asociación hace énfasis a los ministros del hecho que ya han sentado postura sobre el deber de transparentar la información en el ámbito público. “Las instituciones públicas vinculadas a la administración de justicia deben extremar recursos para estar cerca de la ciudadanía, siendo para ello un vehículo insustituible los medios de comunicación”.