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El 23 de diciembre del año pasado, Battilana y Peña integraron un tribunal con su colega Manuel Aguirre, que condenó a 3 años de cárcel a José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos, y al abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública, por compra innecesaria de medicamentos oncológicos que luego vencieron.
En esa ocasión, ambas defensas buscaron en el juicio oral la extinción del proceso y el sobreseimiento definitivo por “reparación del daño”. El fiscal José dos Santos se opuso al pedido porque la reparación no fue realizada por los acusados, sino por empresas farmacéuticas que condonaron deudas al Ministerio de Salud.
Por unanimidad, el tribunal de sentencia le dio la razón al representante del Ministerio Público, y condenaron a los procesados.
En menos de dos meses, las mismas juezas Peña y Battilana integraron otro tribunal pero cambiaron de postura para dejar impune a Candia, el extitular de Copaco, a quien otorgaron la extinción de la causa por “reparación del daño”.
Fue así que en la etapa de incidentes durante el juicio oral, el defensor público Federico Hetter planteó una excepción de extinción de la acción alegando que no existía daño patrimonial al darse por resarcida la Copaco por parte de la empresa T-Systems, que perdió un laudo arbitral gracias a la gestión de la Procuraduría General de la República y tuvo que pagar los 473.484,13 euros, la póliza que Candia no fue capaz de ejecutar cuando fue presidente del ente estatal.
El fiscal Martín Cabrera pidió infructuosamente al tribunal el rechazo de la extinción porque Candia no compensó el daño como establece el inciso 10 del artículo 25 del Código Procesal Penal, en lo que refiere a la reparación integral del daño particular o social causado a la víctima, sino que fue la empresa involucrada que perdió el laudo arbitral.
Candia, seccionalero colorado y actual concejal de Mariano Roque Alonso, logró dilatar su juicio oral desde noviembre de 2011, en una causa que se inició en el 2007. A pesar de las chicanas y los numerosos tribunales a los que apartó, el procesado nunca fue sancionado por la Corte, tribunales ni juzgados por ser litigante de mala fe o haber abusado del derecho.