La Sala Penal tiene a sus miembros originarios Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta de Correa como integrantes, para estudiar la casación que promovió la “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo.
Su tercer miembro, el ministro Luis María Benítez Riera, se inhibió del abogado Óscar Germán Latorre, defensor de Bogado. El ministro había alegado según lo que dispone el Art. 50, inciso 11 del Código Procesal Penal, que menciona sobre la amistad con frecuencia de trato.
Hace 6 meses que la Corte, sin mucho esfuerzo, busca un reemplazante de Benítez Riera.
El último ministro que no aceptó integrar la Sala Penal para estudiar la casación de la “niñera de oro” fue César Garay, quien tuvo en su poder el expediente desde el 15 de setiembre y el 27 de octubre decidió no integrar la Sala.
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Igualmente, ya rechazaron integrar la Sala Penal los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica, Miguel Óscar Bajac.
El 3 de noviembre recibió la ministra Miryam Peña el expediente. Se aguarda su decisión para integrar o no la Sala Penal.
Según la jurisprudencia de los tribunales, esta casación debe ser rechazada por inadmisible.
A instancia de Bogado, Quintana promovió la casación ante la Corte para intentar apartar al juez penal de garantías Óscar Delgado López. Este recurso debe rechazarse porque la Corte dejó sentada la postura que por medio de esta vía no se puede impugnar resoluciones que no pongan fin al procedimiento.
Acción sigue “durmiendo”
La Sala Constitucional de la Corte tampoco rechazó hasta ahora la acción de inconstitucionalidad planteada por Bogado, contra el rechazo de su pedido de nulidad del acta de imputación.
La inoperancia de la Sala Constitucional servirá para trabar nuevamente la próxima audiencia preliminar.
Están procesados por el cobro indebido de honorarios y estafa Bogado, Quintana y el director de gabinete del legislador Miguel Ángel Pérez, por haber ayudado que la mujer perciba doble remuneración del Estado, en la Cámara de Diputados y en Itaipú.
Favorecido por camaristas
- El caso en el que está procesado el senador colorado Víctor Bogado fue favorecido por los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz Barrios, quienes anularon, de oficio, la resolución del juez penal de garantías Julián López que había ordenado la elevación de la causa a juicio oral y público.
- El argumento de los camaristas fue que el juez López no se expidió inmediatamente al concluir la audiencia preliminar, sino que lo hizo varios días después. El excesivo rigorismo que constataron los camaristas mereció las críticas de la sociedad. Sobre todo porque la ley dispone que la elevación de una causa a juicio oral es inapelable.