El propio Enrique Riera, presidente del Consejo, admite esta situación en el caso del juez de Coronel Oviedo Juan Carlos Pane Chelli, quien el pasado miércoles fue condenado a 1 año de cárcel por cobro indebido de honorarios.
“Con relación al caso del juez Pane Chelli tenía que haber sido suspendido como manda la ley, teniendo en cuenta que su caso fue elevado a juicio oral y la Corte Suprema de Justicia tiene facultad para hacerlo. Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento a raíz de la condena en primera instancia tiene que tomar cartas en el asunto y tomar la iniciativa si la Corte Suprema no lo hace”.
El Jurado hasta el momento no se pronunció y Pane Chelli sigue en funciones.
El Jurado está presidido por Adrián Salas y el vicepresidente es Riera. Ambos representan ante ese estamento al Consejo de la Magistratura.
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Riera responsabilizó a la nueva ley de que once magistrados cuestionados por el Consejo integren ternas en forma obligatoria.
Ocurre que esta ley aprobada el pasado año obliga al Consejo a incluir en ternas a magistrados que buscan el rekutu.
“A nosotros la ley nos obliga a integrar la terna con el titular es por eso que trataremos esta situación que ya tiene una larga data y es una lucha que siempre tuvimos con un sector de la clase política, quienes han cambiado la Ley 1634/2000 por la Ley 5336/2015, mediante la cual se dice imperativamente que – deberá– integrar la terna el titular”, explicó Riera.
La lista de magistrados sobre quienes el Consejo ha realizado observaciones incluye al juez de Lambaré Isidoro Olazar, al de concepción Óscar Cantero Zarza, al camarista en lo Penal del Alto Paraná Isidro González Sánchez, al magistrado penal de Asunción Roberto Martínez y al juez de Paz de Bahía Negra Nelson Zaracho Coronel.
La lista sigue con la jueza penal de Hernandarias Carmen Barrios Martínez, el juez de Paz de Gral , Elizardo Aquino Ramón Ríos Cristaldo, el magistrado en lo civil de Presidente Franco Sergio Rodríguez Chávez y culmina con Juan Carlos Pane Chelli. También están en la misma línea la fiscala penal Patricia Filippi y la jueza de Paz de Choré Clara Orué.
Para advertir a la Corte
Para Enrique Riera, la situación debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia. “Vamos a tratar este tema como una manera de advertir a la Corte Suprema de que hay 11 casos de funcionarios que no merecen integrar ninguna terna y lo hacen porque la ley está vigente y en su momento fue vetada por el Poder Ejecutivo y con los 2/3 de votos de ambas cámaras se le levantó el veto, por lo que recurrimos a una inconstitucionalidad que hasta hoy está durmiendo el sueño de los justos“, concluyó el presidente del Consejo de la Magistratura.