Hay contubernio entre la Contraloría y Corte para no auditar gastos judiciales

El artículo 249 de la Constitución refiere que la Contraloría verificará todos los gastos e inversiones del Poder Judicial. Sin embargo, un contubernio entre la Corte y el órgano de control permite que el Tribunal de Cuentas blanquee el uso del dinero público por las autoridades judiciales. Por otro lado, los ministros tienen cajoneado un caso que salpica al contralor Enrique García.

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La Corte asegura que no existe ningún impedimento para que la Contraloría pueda revisar las cuentas del Poder Judicial. Empero, desde hace años el órgano contralor no verifica los gastos y las inversiones hechas por la máxima instancia judicial, que en el 2008 incluso hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que declaró la competencia del Tribunal de Cuentas para juzgar el uso del dinero público por las autoridades del alto tribunal de la República. 

El presupuesto del Poder Judicial este año es de G. 1.254.170.026.736, monto del cual el 73 por ciento es para el pago de sueldo a los funcionarios y el resto para otros gastos e inversiones. Atendiendo la millonaria cifra que se maneja es necesaria la intervención de la Contraloría General de la Pública. Sin embargo, el órgano de control tampoco se manifiesta para realizar la revisión del uso del dinero público por las autoridades del alto tribunal.

Según fuentes, la Contraloría tenía previsto en su plan anual una auditoría en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que llamativamente no se ejecutó y el hecho generó sospechas y comentarios.

Caso en la Corte

Las fuentes recordaron que la suerte del contralor Enrique García en gran medida depende de la Sala Civil del alto tribunal, en donde están pendientes de resolución dos acciones promovidas por la Comuna de Asunción para anular decisiones de los Tribunales de Apelación en lo Civil, Primera y Quinta Salas, que confirmaron que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, entonces a cargo de García, nunca apeló la resolución de un tribunal arbitral que condenó a la Comuna al pago de US$. 3.600.000 a la firma Ivesur en concepto de indemnización.

La Sala Civil cajonea el caso y esta dilación le favorece a García, atendiendo que la resolución de la Corte es la que va a poner un punto final a la discusión de si se presentó o no la apelación del fallo arbitral. 

Si los ministros ratifican que no se apeló la sentencia condenatoria, se fortalecerá la sospecha de la actuación negligente de García, que también tiene abierta una investigación penal en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Para tener su versión llamamos al contralor e incluso le enviamos un mensaje, pero el mismo no devolvió la llamada ni tampoco respondió el mensaje. 

Estamos abiertos para que García haga su descargo, a fin de que los lectores puedan tener su postura respecto al contubernio con la Corte para no hacer la auditoría.

Antecedentes

Los antecedentes revelan que, para evitar una auditoría de la Contraloría General, en el 2008 la Corte hizo lugar a una inconstitucionalidad que presentó su propio titular y con ello habilitó al Tribunal de Cuentas, un órgano que depende del alto tribunal, para que juzgue sus gastos y sus inversiones.

La Fiscalía de Cuentas ahora analiza la ejecución presupuestaria de la Corte que corresponde al 2015.

El Poder Judicial tiene un presupuesto muy grande, que es muy difícil que la Fiscalía de Cuentas analice punto por punto. Solo se eligen los rubros sensibles como viáticos, uso de combustible, construcciones, etc.

Según el proyecto de presupuesto para el 2018 (ver infografía), la Corte solicitó al Congreso la aprobación de más de G. 1 billón 673.000 millones. De este total, alrededor del 73% se destina al pago de sueldo para más de 10.000 funcionarios permanentes y más de 2.000 contratados, según los datos.

La propuesta de la Corte sufrió algunos recortes en la Cámara de Senadores y ahora será estudiada por la de Diputados.

cbenitez@abc.com.py

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