Es por apropiación y lesión de confianza, derivado del desvío de más de G. 3.000 millones, pertenecientes a las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
La acusación fiscal está dirigida no solamente contra el titular del ente, sino también contra Marlene Mendoza Ferreira y Éver Otazo Martínez, exdirectora de administración y finanzas y exfuncionario del Indi, respectivamente; y Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par.
El retiro del dinero –que se destinó a las citadas comunidades en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado paraguayo– se realizó en cinco ocasiones en menos de un mes, entre el 11 de enero y el 6 de febrero del 2013. Nunca se pudo recuperar ni un solo guaraní.
Este juicio ha sido postergado en numerosas ocasiones desde el año 2016, a causa de las reiteradas chicanas promovidas por la defensa. En este sentido, las recusaciones masivas y el constante cambio de abogados, han sido los recursos más utilizados por los defensores.
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El Tribunal de Apelación, 4ª sala, que declaró a Quesnel litigante de mala fe, recomendó recientemente que se decrete la prisión de Mendoza, por dilatar la realización del juicio oral.