Hoy se tendría la terna de la cual elegirán al fiscal general del Estado

Esta mañana el Consejo de la Magistratura inicia la sesión extraordinaria donde elaborará la terna para fiscal general del Estado. Las críticas se centran en la falta absoluta de transparencia del proceso y la supremacía cartista.

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A las 8:30 se inicia la sesión extraordinaria que tiene como único punto elaborar la terna de fiscal general del Estado, de un total de 93 candidatos que esperan con expectativas ser parte de los seleccionados.

A pesar de que en la sesión ordinaria del lunes pasado, los consejeros resolvieron que cada miembro traería a la sesión ordinaria una lista de 15 candidatos, y en que en la primera vuelta los candidatos que tengan más de 5 coincidencias pasarán a una segunda ronda, y así sucesivamente se irá descartando hasta llegar a la terna.

Sin embargo, se sabe que la selección de los ternados será una decisión política partidaria porque de los 8 miembros del Consejo de la Magistratura (CM), cinco responden al cartismo.

Es decir, todo está preparado para que los ternados sean del agrado del presidente Horacio Cartes.

Es así que responden al cartismo de forma obsecuente el presidente del CM, Osvaldo González Ferreira, el representante del Ejecutivo, Carlos Cabrera, el diputado colorado Clemente Barrios, el liberal llanista Enzo Cardozo y el presidente de la Corte, el colorado Luis María Benítez Riera. Estos votos de la mayoría son suficientes para que el oficialismo imponga su supremacía.

También integran el CM los colorados disidentes representantes del gremio de abogados Adrián Salas Coronel y Claudio Bacchetta. El octavo integrante, el representante de las universidades privadas, Cristian Kriskovich, se cree es independiente.

Toda una farsa

El proceso de selección de ternados de la cual será elegido el fiscal general fue un gran montaje que llevó adelante el Consejo de la Magistratura, con todos los gastos que representó a la ciudadanía, que una vez más, se ve frustrada de tener un proceso transparente.

El CM se negó a informar quienes fueron los candidatos mejor calificados o ponderados en las audiencias públicas, en los tests de integridad y capacidad, y en los puntajes obtenidos por méritos académicos, etc.

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