La fiscala fue recusada tres días antes de la fecha de presentación del requerimiento conclusivo por Rodrigo Lezcano, brazo derecho de Judith Andraschko, exministra de la SAS.
Lezcano era coordinador del programa Pro Tierra y está acusado por lesión de confianza al igual que Andraschko y Carmen Insfrán Echauri, exasesora jurídica de la SAS.
Lezcano utilizó como argumento una supuesta falta de objetividad de Llano, pero, según fuertes rumores, en realidad pretende que la investigadora no presente la acusación por un supuesto perjuicio de G. 11.000 millones con la adquisición de 14 fincas, entre el 2007 y 2008, inservibles y no aptas para que sean habitadas.
Debido a la recusación de una de las defensas, el adjunto de la Unidad decidió designar la causa a dos agentes, Alba Delvalle y Carlos Giménez, quienes tienen tiempo hasta mañana para presentar la acusación o el pedido de sobreseimiento definitivo.
En esta causa, la entonces fiscala Rocío Vallejo había acusado a Andraschko, Lezcano e Insfrán por lesión de confianza y solicitó que se eleve la causa a juicio oral.
Sus colegas Liliana Alcaraz y René Fernández rectificaron su escrito y solicitaron sobreseimiento provisional en la audiencia preliminar.
El juez Miguel Tadeo Fernández dio trámite de oposición y Arregui ratificó el pedido de sobreseimiento provisional.
La investigación pasó luego a cargo de Irma Llano, quien en un año tuvo que realizar prácticamente otra investigación, porque se pidieron 99 diligencias.
Ante la inminente acusación, según fuentes, Lezcano recusó a Llano.
Compras fueron directas
La exministra de Acción Social, Judith Andraschko, entre 2007 y 2008 habría adquirido inmuebles en todos los casos por compra directa por excepción, para asentamiento de los sintechos.
La misma presuntamente transgredió las disposiciones establecidas para este tipo de situaciones en la Ley de Contrataciones Públicas, además de no reflejar la situación de no ocupación en las resoluciones de adquisición de los inmuebles.
Se compraron fincas que directamente no pueden ser destinadas a asentamientos, pues son áreas de protección ambiental, así como otras están con problemas de usucapión, y otras tantas que directamente no son aptas para habitar.
Alevosa sobrefacturación
Entre las propiedades adquiridas por la exministra de la SAS se observa una alevosa sobrefacturación en las cinco fincas individualizadas en Itacurubí de la Cordillera. Las fincas adquiridas de Daniela Ruiz Díaz viuda de Recalde cuentan con seis hectáreas y el precio pagado fue de G. 348.463.500. La compra del inmueble fue concretada el 14 de enero de 2008.
Es decir, que Andraschko pagó G. 60 millones por cada hectárea del inmueble.
Las fincas, además, no sirven para asentamientos, según peritos, atendiendo que están a orillas del arroyo Yhaguy y forman parte de su reserva.
Andraschko adquirió los inmuebles más caros del país en perjuicio del patrimonio de la Secretaría de Acción Social. La sobrefacturación es evidente a simple vista, así como lo señaló en su acusación la entonces fiscala Rocío Vallejo.
En Luque, la exministra pagó por una finca de ocho hectáreas más de G. 715 millones. O sea, a G. 90 millones la hectárea.
Además, muchos de los inmuebles no sirven para asentamientos y se compraron sin que estén ocupados.