En su imputación, el agente de Delitos Económicos Martín Cabrera indica que esta causa deriva de otra que se abrió luego de que se detectaran facturas apócrifas que eran utilizadas por clientes como respaldatorias del crédito fiscal.
La investigación preliminar fue realizada por la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización Tributaria. La pesquisa determinó la existencia de 285 contribuyentes que utilizaron las facturas de presunto contenido falso, por 1.539.143.584.607 guaraníes, aproximadamente.
Para lograr las facturas ficticias los contadores públicos Ignacio Urbieta y Alfredo Benítez hacían figurar a proveedores que ni siquiera reconocieron haberse inscripto como contribuyentes.
“Los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez han prestado su servicio de contabilidad tanto a los proveedores sospechosos como a las firmas que declaran compras de estos. El primero de los nombrados ha recibido personalmente los requerimientos de documentación de dos de los veintiún contribuyentes notificados y ha participado del arqueo de caja practicado a la firma Serena Group SA, además de figurar como contador de otros 40 contribuyentes”, indica la imputación.
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Cabrera asegura que debido a las irregularidades detectadas, se pidió a la Subsecretaría de Estado de Tributación el listado de las empresas y los montos de las facturas que utilizaron.
De esta forma, se descubrió que 19 importadores de 13 empresas con asiento en Ciudad del Este se habrían beneficiado con créditos fiscales con la presentación de las facturas de los proveedores, inconsistentes, que respaldaban supuestas compras (ver infografía de esta página donde aparecen los nombres de los importadores, empresas y los montos defraudados).
El fiscal Cabrera pudo imputarlos por producción de documentos no auténticos debido a que la evasión impositiva es prejudicial y debe ser determinada por la SET.