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La imputación es una ampliación de la causa abierta contra el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas (ANR), que utilizó fondos Fonacide para realizar la defectuosa y costosa aula cuyo techo se vino abajo mientras alumnos daban clases, en setiembre del año pasado.
La agente decidió procesar al ingeniero Derlis Cabrera Báez, director general de Control de Obras Públicas; al arquitecto Antonio Ocampos Pérez, director de Control de Obras de los Organismos Departamentales y Municipales, y a Santiago Gosling, supervisor de obras.
Según el escrito de imputación, si bien los supervisores de la Dirección General de Control de Obra Pública de la Contraloría hicieron objeciones a la obra que fue llevada a cabo por la empresa ADC Construcciones de Alejandrino Duarte Centurión, estas se hicieron de forma extemporánea.
A esto se suma que el propio Roberto Cárdenas había recibido esas “recomendaciones” pero luego remitió “adendas” con relación a los colegios beneficiados con la transferencia de los recursos Fonacide.
Como ejemplo, la investigadora dice que las construcciones de aulas en el Colegio Nacional de Lambaré se inició el 6 de diciembre de 2012 y culminó el 22 de febrero de 2012, y las adendas fueron realizadas el 15 de diciembre de 2012, antes de culminadas las obras, hecho “absolutamente irregular considerando que las adendas debían compensar lo ejecutado con lo construido”.
“Con todo esto, los hoy imputados compensaron los gastos realizados por el entonces ejecutivo municipal Roberto Cárdenas, dando visos de legalidad a las transferencias de fondos de Fonacide, incumpliendo gravemente disposiciones constitucionales”, dice la fiscala.
En otro punto, la agente dice que los supervisores concluyeron que se debían realizar “acciones tendientes para recuperar G. 77.070.000” de lo utilizado para las construcciones, siendo que en realidad una pericia reveló que solo en el aula que se derrumbó existe una sobrefacturación de nada menos que G. 85.598.041. Para Agüero, los mismos tenían la obligación de “comunicar los indicios de hechos punibles”.
Sobrefacturación de obras
El aula del Colegio Nacional de Lambaré, cuyo techo se desplomó y dejó al menos 7 heridos, fue inaugurada en 2013. En total, las obras costaron G. 280 millones y solo en ese salón la sobrefacturación fue de nada menos que G. 85 millones, según la pericia técnica realizada por el Ministerio Público.
La responsabilidad de la negligencia recae sobre la Municipalidad de Lambaré, que desvió el dinero durante la administración del colorado Roberto Cárdenas, imputado por lesión de confianza. Otra denuncia, por sobrefacturación de G. 1.400 millones de la merienda escolar, nunca pudo prosperar, ya que se trabó la presentación de la imputación.