La fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña imputó a dieciséis personas por un supuesto perjuicio de G. 5.033.923.979.
Yore habría suscripto contratos con constructoras que en su mayoría no cumplieron con las obras, fueron beneficiadas con irregulares adelantos de dinero y adendas, y tampoco la Defensoría ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento, según el escrito fiscal.
El ingeniero Germán Domingo Fatecha, liberal efrainista y extitular de la ANDE, entró en el proceso porque era director general de infraestructura y TICs de la Defensoría Pública. También se incluyó a Vicente José Giardina Barreto, director de Infraestructura y Logística.
Los contratos en los que se basan la imputación penal son: Contrato N° 52/2013-San Estanislao con la empresa M&M Ingeniería y Arquitectura SRL, representada por Fernando Melgarejo, cuyo perjuicio sería G. 372.900.000.
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Contrato N° 55/2013-Pedro Juan Caballero, celebrado con la empresa Ingeniería y Proyectos Ambientales Sienra Zavala, representada por Ramón Sienra Zavala, cuyo daño alcanzaría la suma de G. 223.230.363.
Contrato N° 34/2014 - Horqueta, de nuevo con M&M Ingeniería y Arquitectura, donde existiría un perjuicio patrimonial aproximado de G. 382.500.000.
Contrato N° 61/2014 - Concepción, con MyM Ingeniería y Arquitectura SRL, cuyo perjuicio alcanzaría G. 1.242.797.156.
Contrato N° 65/2014 - Caacupé, con Consorcio Yhaguy II, con un daño de G. 1.172.201.963
Contrato N° 77/2014 - San Juan Bautista, con M&M Ingeniería, cuyo perjuicio sería G. 1.640.294.497.
Yore soporta una acusación por usurpación de funciones públicas por designar a abogados particulares como defensores interinos. La misma fue suspendida en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento.
Otros 14 imputados
Además de Noyme Yore, Domingo Germán Fatecha y Vicente Giardina, fueron imputados Carlos Barreto, Eulalio Quintana, Darío Amarilla, Hugo Benítez, Néstor Villalba, Adolfo Ortega, Esteban Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López, Mario Javier Villalba, Aldo Hernán Delgado, Teófilo Espínola y Rodrigo Rotela Núñez. El juez Paublino Escobar resultó sorteado y para el 24 de julio fijó el inicio de las audiencias de imposición de medidas.