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Imputan a magistrado por cohecho pasivo agravado

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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La agente fiscal Yolanda Portillo, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al juez Óscar Ramón Talavera Valdez por un supuesto hecho de pedido de coima que solicitó a un procesado para “arreglar” su situación judicial.

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El magistrado Talavera Valdez se desempeña como juez en lo Penal y de Sentencia de la Circunscripción Judicial de San Juan Bautista, Misiones, y ahora afrontará proceso por la supuesta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado. Asimismo, como cómplice fue imputada la abogada María Magdalena Ramírez Jacquet, por el mismo hecho punible citado.

El caso se inició luego de la denuncia presentada por Bernardino Ávalos contra el juez y se montó un operativo para detenerlo una vez que se pague el soborno pedido.

Según se supo, Ávalos tiene un hijo que fue imputado y el proceso estaba siendo llevado adelante por el magistrado Óscar Ramón Talavera Valdez, quien habría solicitado US$ 25.000 para “ayudar” al imputado y que de esa manera no recaiga sobre el mismo una condena.

Ante esta situación se pidió la orden de grabar el procedimiento, al juez penal de Garantías Óscar Delgado, y se llevó a cabo el encuentro donde se iba a dar parte del dinero.

La celada

Se coordinó con el juez Talavera la entrega primeramente de US$ 5.000 y luego se iba a dar el resto, cuando el imputado era beneficiado.

Una vez que Bernardino Ávalos entregó los billetes que previamente fueron fotocopiados, se detuvo al magistrado y a la referida abogada que hizo de nexo.

Todos los dólares previamente fueron fotocopiados con su número de serie y cuando se requisó el dinero pagado se compararon los billetes y se pudo demostrar que eran los mismos, por esa razón se detuvo a los dos sospechosos.

Según el acta de imputación, la representanción fiscal se reserva las medidas de aseguramiento al proceso al momento de la audiencia de imposición de medidas cautelares para Óscar Talavera, que será fijada por el Juzgado Penal de Garantías, una vez que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados proceda al desafuero del citado magistrado.

En cuanto a la otra imputada María Ramírez, la fiscala requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.

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