La imputación de la fiscala González Falcón señala que el entonces juez en lo civil de Lambaré Isidoro Olazar Pozza, el 9 de diciembre pasado, en el marco de las diligencias preparatorias de una demanda de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa) contra la Comuna lambareña, solicitó el magistrado que el intendente informe al juzgado si en su calidad de administrador de gastos recibió insumos y materiales para la confección de registros de conducir y habilitación de vehículos, ya que de por medio había una deuda a la empresa proveedora de unos G. 1.600 millones.
Un segundo pedido
Como el intendente Gómez no informó al juzgado en el plazo que debió hacerlo, el juez Olazar Pozza el 20 de diciembre reiteró a la Comuna, bajo apercibimiento, para que provea los datos solicitados. Otra vez Gómez no informó al juzgado, habiéndose vencido el plazo el 26 de diciembre.
En ese entonces, como el juez Olazar Pozza fue destituido de su función, Joel Melgarejo Allegretto, juez interino de la diligencia preparatorio de la demanda de Ticsa, el 30 de diciembre de 2016 se remitió los antecedentes del desacato a la fiscalía a cargo de González Falcón.
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La agente del Ministerio Público tras haber recibido los informes de la propia Municipalidad de Lambaré, pudo constatar que el intendente tuvo conocimiento del pedido de informes, y que habiéndose reunido otros elementos incriminatorios, imputó en la víspera por desacato a Gómez.
En su defensa, el intendente Gómez trató de desviar su responsabilidad diciendo que se trató de un problema administrativo interno en la Comuna y que por ello ordenó la realización de un sumario.
Medidas alternativas
La jueza penal de garantías de feria Isabel Bracho debe fijar fecha de audiencia de imposición de medidas. La Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión para Gómez. El desacato se castiga con pena de hasta 5 años de prisión.
Gómez tiene otro proceso penal por lavado de dinero y reducción, por la defraudación a la empresa Viradolce, de la empresaria Maris Llorens.
En esta causa ya tiene medidas alternativas a la prisión, dictada por el juez penal de garantías Rubén Ayala Brun.