En la mañana de ayer el intendente lambareño declaró en audiencia indagatoria ante la fiscala Gladys González, que en ningún momento se rehusó a proveer informes a un juzgado civil en referencia a materiales comprados para confeccionar registros de conducir.
Gómez justificó que hubo un problema administrativo en la Comuna y que pensó que los informes solicitados habían sido proveídos.
Sin embargo, la fiscala González le hizo notar que fueron dos los pedidos realizados por el juzgado, y que debió tomar las medidas necesarias.
Gómez, quien estuvo acompañado por el abogado Élver Caballero Ferreira, también alegó que abrió un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.
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Aún así, el intendente sería imputado por desacato al configurarse este hecho punible.
Según los antecedentes, el intendente Gómez se negó a proveer informes solicitados por el exjuez Isidoro Olazar en la tramitación de una demanda civil denominada “Titanic Corporation SA s/ diligencias preparatorias”, contra el municipio lambareño.
El magistrado solicitó los informes el 9 y 20 de diciembre pasado, pero el intendente no informó sobre la compra de materiales para este municipio por G. 1.600 millones que no fueron pagados por la Comuna. El desacato fue comunicado por el juez Joel Melgarejo (reemplazante de Olazar) quien envió los antecedentes del desacato a la fiscalía.
Gómez ya tiene medidas alternativas a la prisión en un proceso por lavado de dinero contra la firma Viradolce.