/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/PETBQV4RQJEODNEZC6YZGOOMDY.jpg)
Cargando...
La investigación penal a la magistrada Meza por disposición del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ante un informe del fiscal antilavado Hernán Galeano, no registra antecedente y es casi seguro que provocará la reacción de los gremios de magistrados, que siempre actúan en bloque.
Díaz Verón designó a la fiscala de Ciudad del Este Liliana Denise Duarte para impulsar las diligencias y reunir elementos indiciarios para imputar a la jueza.
El fiscal Galeano, en su informe al titular del Ministerio Público, sostuvo que la magistrada habría cometido los hechos punibles de frustración de la persecución penal (artículo 292 del Código Penal) en su carácter de funcionaria del Poder Judicial (artículo 293 del CP), al extinguir la acción penal en la cual la Fiscalía pretendía comisar el dinero encontrado en el vehículo del aduanero fallecido.
El funcionario Agustín Ramón Alegre Cano murió en un accidente de tránsito que se registró el viernes 26 de junio de 2015, alrededor de las 18:10, a la altura del Kilómetro 28 de la Ruta 7 “Gaspar Rodríguez de Francia”, ciudad de Yguazú, departamento de Alto Paraná.
A raíz de la incautación de dinero en dólares, guaraníes y reales, se abrió una investigación penal con el fin de comisar la plata, de corroborarse el origen ilícito, ya que legalmente respecto al fallecido existe una imposibilidad procesal para abrir una causa, debido a la extinción de la acción penal.
“Es importante resaltar que ante la posible realización de un hecho antijurídico, el Ministerio Público está facultado, de conformidad al artículo 96 del Código Penal (Comiso Autónomo), a intervenir y solicitar el comiso de los bienes, siempre y cuando se compruebe que el origen de los mismos sea un hecho antijurídico”, apuntó el fiscal Galeano en el informe al fiscal general del Estado y que sirvió para abrir de oficio la investigación penal a la jueza Meza.
La magistrada, según el fallo, ordenó que G. 360 millones y US$ 136.390, fueran transferidos a las cuentas abiertas en el juicio sucesorio de Agustín Ramón Alegre Cano, luego de hacer lugar a la extinción de la acción penal, en la cual la fiscalía pretendía el comiso.
Lo que dice la jueza
En una parte de su fallo, la jueza refiere que la Fiscalía direcciona su investigación a la conducta punible de Alegre Cano al momento en que ocurrió el accidente, y le atribuye la posible comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Sin embargo, la persona situada en el rol procesal se encuentra fallecida. A partir de esta circunstancia, no hay otra alternativa que disponer la clausura del presente proceso”, según la magistrada.
Empero, para la fiscalía la extinción penal declarada por la jueza “carece de argumentos lógicos” y agrega que la magistrada hizo una errónea interpretación de la ley, “para de ese modo frustrar un eventual comiso en el futuro del dinero incautado, que es el objeto de la investigación penal”.
Según sospechas, Alegre Cano habría sido uno de los recaudadores de las autoridades de Aduanas, a quienes luego se les entregaba parte de lo que había en el maletín.
La declaración jurada
Según la declaración jurada, Alegre Cano tenía bienes por G. 2.060.000.000. Su salario era de G. 3.500.000, viáticos G. 6.800.000 y otros G. 1.000.000. Su cónyuge tiene un ingreso mensual de G. 5.000.000, y el negocio que ambos tienen les genera ganancia mensual de G. 80.000.000.
A todo esto, sumó el aguinaldo de G. 3.500.000 al año y una gratificación de G. 14.000.000. En cuanto a su egreso, refirió que gastaba G. 2.000.000 en alimentación; G. 3.000.000 en educación; G. 500.000 en combustible y G. 300.000 en celulares, que hacen G. 5.800.000 al mes.
cbenitez@abc.com.py