El enfrentamiento entre la Contraloría y el Ministerio Público es más que evidente. En una conferencia de prensa, el contralor José Enrique García acusó que el Ministerio Público ignoró 35 informes sobre presuntos hechos de corrupción, en varios entes como Indert, Senavitat, Industria Nacional del Cemento (INC), Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Sin embargo, la mayoría de los órganos auditados y en los que habría serias irregularidades corresponden a municipios y gobernaciones departamentales.

Según el informe de Contraloría, el supuesto perjuicio patrimonial causado al Estado es de unos G. 45.912 millones, detectado entre los años 2016 y 2018.

En la fiscalía aseguran que hay agentes asignados y que investigan los 35 casos que la Contraloría afirma que fueron ignorados por el Ministerio Público.

Ingreso a la fuerza 

El director de Control Gubernamental de la Contraloría, Humberto Franco, manifestó en la conferencia que el Ministerio Público se negó a recibir la nota en la que se informa sobre la revisión de las cuentas a este órgano.

Franco dijo que solicitarán la orden judicial y el respaldo de la fuerza pública si el Ministerio Público se niega a ser auditado. 

La confrontación entre García y la fiscala general Sandra Quiñónez se inició cuando la Fiscalía imputó al contralor por el caso Ivesur, por una supuesta negligencia de García que provocó un perjuicio de US$ 3,6 millones a la comuna asuncena. 

García fue director jurídico de la Municipalidad de Asunción.

Dan medida de urgencia

- El 25 de febrero la Sala Constitucional otorgó la medida de urgencia a la Fiscalía General para declarar inaplicable la Ley N° 2248/2003, con lo que habilita al Tribunal de Cuentas y a la Contraloría, a auditar las cuentas del Ministerio Público. Los documentos de la Fiscalía serían enviados al Tribunal de Cuentas.