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Esta mañana el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández resolverá si “blanquea” o no a Camilo Recalde Dávalos, quien se desempeñaba en el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de la Senavitat, era el encargado de gerenciar y administrar fondos del proyecto de construcción de 321 viviendas.
En la audiencia preliminar de ayer Recalde Dávalos, procesado por lesión de confianza, solicitó beneficiarse con el procedimiento abreviado, con una leve condena de 2 años pero que quede suspendida con reglas de conductas a ser definidas por el juzgado. El otro acusado que participó ayer de la audiencia preliminar, Rufino González, se desempeñaba como director general de Administración y Finanzas de la Senavitat y fue quien autorizó los desembolsos para los 12 proyectos. Solicitó el sobreseimiento definitivo.
La fiscala Nadine Portillo se allanó en la audiencia preliminar a la solicitud de Recalde, mientras que se opuso al pedido de González.
Llama la atención que la fiscalía haya acusado y solicitado juicio oral para los procesados, y en la diligencia de ayer, en el caso de Recalde, el principal procesado del desvío de fondos, se allanó a su petición.
Sin embargo, está a cargo del juez Fernández conceder o no la impunidad por el desvío de G. 12.000 millones de los fondos de la Senavitat que debieron usarse para beneficiar con viviendas a familias de escasos recursos.
Los acusados Carol Patricia Turrini, Carlos Antonio Valenzuela, Óscar Luciano Barreto y Hugo César Acevedo están citados para la audiencia preliminar del día martes 28 de noviembre, a las 9:00.
Turrini recibió fondos de Senavitat a través de la cooperativa Mi Casita, y Valenzuela a través de la cooperativa Ñapu’ã Haguã. Barreto y Acevedo estaban al frente de las constructoras CISA y Área, en ese orden.