“Si la protección constitucional de inviolabilidad de domicilio y documental de la que goza la Conmebol, como cualquier persona jurídica o física en nuestro país ha sido levantada o restringida, la persona afectada por la disposición judicial, en este caso la Conmebol, tiene el legítimo derecho de conocer y ser informada del contenido de toda la documentación, que dio origen o sirvió de sustento para que la orden de allanamiento fuera dictada”, argumenta Montanaro.

El magistrado solicitó dictamen del Ministerio Público antes de resolver la cuestión. En caso de que resuelva rechazar y ratificar su determinación, la cuestión será elevada al Tribunal de Apelación de feria para el estudio correspondiente.