A su vez, el abogado Jorge Prieto –defensor de los hermanos Sánchez– sostuvo que corresponde la apertura de una nueva imputación porque sus clientes ya están procesados por lavado, por lo que sería una reiteración.
La Fiscalía sostiene que para lavar dinero del narcotráfico, Chicharõ y sus hermanos crearon empresas, se “dedicaron” a la ganadería, abrieron una estación de servicios y sacaron préstamos millonarios, entre otras actividades.
Otazú había aceptado intervenir solo en el lavado de dinero, y reenvió el expediente al Ministerio Público para que presente una nueva imputación por los hechos de los artículos 42 (beneficiarse del narcotráfico) y 44 de la Ley 1340/88 de tráfico de drogas (asociación para comercializar sustancias prohibidas), y el artículo 239 (asociación criminal) del Código Penal.
Ahora, el magistrado tiene un plazo de tres días para resolver la cuestión.
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La fiscala Portillo participó en la audiencia en reemplazo del fiscal Marcelo Pecci, quien ha sido recusado por los Sánchez, al igual que todos los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y los fiscales de Delitos Económicos René Fernández, Luis Piñánez y José Dos Santos. La Fiscalía General del Estado rechazó la recusación, pero Sánchez Garcete impugnó la decisión.