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“El mismo ha compurgado la pena mínima establecida para el delito de lavado de dinero. En ese sentido también por una cuestión de igualdad procesal en atención a que sus dos hermanos, tanto el señor Carlos como el señor Ardonio ya fueron beneficiados con esta medida y ya están en libertad plena, por una cuestión de equidad y de igualdad procesal se ha resuelto operar de la misma manera”, explicó Otazú.
Fiscal se opuso
En la audiencia, el fiscal Marcelo Pecci se opuso a la concesión de cualquier tipo de medidas pues, a su criterio, la pena mínima es de 5 años. En este caso, cinco años es la pena mínima que corresponde a todos los delitos imputados que son lavado de dinero, asociación criminal y tráfico de drogas.
El abogado defensor Jorge Prieto sostuvo que la realidad era distinta porque si bien la Fiscalía imputó por todos los delitos mencionados, el juzgado admitió solo uno, el de lavado de dinero. En consecuencia, la defensa sostuvo que el juzgado tendría que considerar únicamente la pena mínima prevista para el referido delito, que es la seis meses, tal como finalmente ocurrió.
En audiencia, Prieto ofreció un inmueble de una tercera persona valuado en G. 2.458 millones para cubrir la fianza real y su fianza personal por el monto que el juzgado considerara pertinente.
Denilso, hermano del diputado suplente Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez Garcete fue detenido el 5 de enero pasado y desde entonces se encuentra en la penitenciaría de Tacumbú. En su primera presentación ante la justicia para la audiencia de imposición de medidas, el político solicitó cumplir la medida de prisión en la sede de la Comuna de Capitán Bado, planteamiento rechazado por el juzgado.
Además de Denilso, también se encuentran procesados sus hermanos Carlos Rubén y Ardonio, por los mismos hechos punibles citados anteriormente.
SIN DEFINICIÓN
Denilso Sánchez Garcete fue primeramente imputado por lavado de dinero, pero posteriormente la Fiscalía solicitó procesarlo por tráfico de drogas y asociación criminal.
El juez de delitos económicos Humberto Otazú descartó los demás delitos por tratarse de hechos distintos a la especialidad del juzgado a su cargo, por lo cual la Fiscalía debería presentar una nueva imputación para su derivación a otro juzgado.
Esta cuestión es actualmente objeto de estudio en el Tribunal de Apelación.