Ojeda dijo que fue destituido en el 2001, por persecución sindical. Procesado por un delito que él mismo denunció, fue sobreseído y recurrió al Tribunal de Cuentas.

En el 2004 el Tribunal hizo lugar a la demanda, fallo anulado en el 2006 por la Corte, porque se dictó antes del pronunciamiento de la justicia penal. Ahora, el caso está en la Corte debido a que Ojeda pidió que no prescriba la causa pero en vez de resolver, el Tribunal dio curso a una a caducidad de instancia por el trascurso del tiempo, planteada por el CAH, con lo cual obliga al afectado a empezar de nuevo.