En abril de 2014, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón anunciaba en rueda de prensa el inicio de la investigación a ministros de la CSJ tras el descubrimiento de un memorándum en la computadora del camarista Delio Vera Navarro, durante el peritaje por la liberación irregular (con fallo falso) del narcotraficante Damián Delvalle, conocido como el “rey de la marihuana”.
Pese a la promesa de esclarecimiento del escandaloso esquema narcojudicial (ver infografía), hasta ahora ni siquiera pudo avanzar la pesquisa del fiscal René Fernández, quien fue recusado por Vera Navarro el 8 de mayo de 2014.
Fernández, fiscal de Delitos Económicos, indicó que fue notificado de su confirmación por la Sala Penal de la Corte. Sin embargo, nunca fue resuelta una “aclaratoria” planeada contra la resolución al solo efecto de dilatar.
Tampoco fue designado ningún agente fiscal interino para la prosecución de la investigación, lo que de por sí ya es llamativo.
Los memorándums hallados en la computadora del camarista Vera Navarro hacían alusión a causas de narcotráfico que se querían “negociar” a cambio de sumas millonarias. Una de ellas era la del brasileño Jarvis Chimenes Pavão y otra la derivada del operativo internacional “Zafiro”.
En este último caso, el memo mencionaba que para estudiar el recurso de casación “se debe integrar la Sala Penal con los ministros Víctor Núñez (quien ya renunció al ser vinculado a la narcopolítica) y Miguel Óscar Bajac”. El tiempo estimado para estudiar era de dos meses y el costo de 30.000 dólares “por adelantado”, en un primer paso.
El segundo paso consistía en declarar la admisibilidad de la casación con otro pago de 30.000 dólares y el último en bajar la condena del acusado Carlos López (de 17 a 12 años) con un “costo” de 200.000 dólares.
Con respecto a Pavão, se hablaba de un pago de 50.000 dólares para integrar la sala y rechazar la inconstitucionalidad planteada por la fiscalía, contra el rechazo de un pedido de extradición al Brasil. El costo final era de 200.000 dólares.
Según el memorando con el pago de 100.000 dólares por adelantado se sugiere integrar la sala para tratar la inconstitucionalidad del planteamiento y otros 100.000 dólares para el rechazo de la extradición, cosa que no ocurrió.