La Junta Municipal lambareña da a entender que el autor del daño patrimonial es el intendente de Lambaré, Armando Gómez, por la adjudicación presuntamente fraudulenta a favor de empresas que no hicieron las obras, o que no las terminaron.

Dos de las empresas cuestionadas son Clase A, de Orlando Sosa Centurión, que recibió G. 264.630.000 para las obras, y Mármol SA, representada por Gerardo Aguilar, a la que se le entregó G. 248.213.000.

Otro de los cuestionamientos también indican que la Comisión Vecinal San Vicente de Paul se habría conformado solamente para perpetrar el ilícito.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por Resolución 4328 del 13 de diciembre de 2013, tras concluir la investigación de oficio, detectó irregularidades en la contratación por la vía de la excepción, e igualmente, declaró la nulidad de los contratos entre la Comisión Vecinal San Vicente de Paul y las firmas contratistas.

La DNCP, asimismo, tomó la determinación de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República. Por su parte, la Junta Municipal decidió denunciar los hechos a la Fiscalía.

La fiscala Gladys González citó a los concejales Myriam Cano Cáceres y Daniel Molinas, el 26 y 30 de enero, respectivamente, para una testifical. Ambas audiencias serán a las 8:00.