La denuncia presentada por los representantes legales de Itaipú, abogados César Alfonso y Norman Stanley Zarza, ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, refiere que en setiembre de 2012 a julio de 2013, el entonces director general paraguayo Franklin “Anki” Boccia, (fallecido el 26 de setiembre de 2015) y el exdirector jurídico ejecutivo Eusebio Ramón Ayala celebraron 57 acuerdos de “transacción conciliatoria” que beneficiaron a 112 personas que habían terminado la relación laboral con la binacional.
Los denunciantes agregan que en el mencionado acuerdo entre la entidad y los trabajadores cesados, se obligó de manera irregular a la Itaipú a incorporar a los funcionarios.
Sin embargo, la Itaipú no solamente reincorporó a los extrabajadores, sino que además, pagó la friolera suma de G. 84.969 millones en concepto de salarios caídos y otros beneficios contemplados en el contrato laboral.
Siempre siguiendo la denuncia de los asesores jurídicos de la binacional, el acuerdo entre las partes también contempló la cancelación de la deuda del aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal de Itaipú Binacional (Cajubi), por todo el tiempo en que los funcionarios no prestaron servicio a la entidad.
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En contrapartida, los funcionarios desistieron de sus demandas laborales, indicaron los denunciantes abogados Alfonso y Stanley.
Los supuestos responsables
El director paraguayo de la Itaipú Binacional en el 2012, a quien los representantes legales de la entidad responsabilizan del daño patrimonial, es el liberal Boccia.
El mismo, siendo titular paraguayo de Itaipú había reconocido públicamente en su momento que en la institución a su cargo se perpetran algunas “trampitas” y “pecadillos” en licitaciones sobre compra de equipos.
Por su parte, el director jurídico ejecutivo en este periodo fue el también liberal Ayala.
Ambos altos funcionarios habían sido designados por el entonces presidente de la República Federico Franco, quien asumió luego de que el entonces mandatario Fernando Lugo fue destituido en un juicio político.
Designan fiscal
Ante la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio, que podría encuadrarse en el delito de lesión de confianza, el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Federico Espinoza, en uso de sus atribuciones, designó al agente fiscal N° 10 de esta unidad, José dos Santos, para llevar adelante la investigación del perjuicio denunciado.