Juan Esteban Giménez Villalba, quien presta servicio en el Departamento de Procuraduría Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, y Nicolás Ramón Casco, funcionario jornalero de la Comuna, asignado a la dependencia de Promoción de la Participación Ciudadana, son las dos personas acusadas por tráfico de influencias y para quienes la Fiscalía solicitó juicio oral.
La audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva o no a juicio oral y público, estará a cargo del juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme.
Según el escrito de acusación fiscal, Casco realizó el primer contacto con el propietario de la firma Objetivo SA, Nicolás García Boccia, en setiembre de 2016.
Fue Casco quien le advirtió a García Boccia de que su firma tenía una deuda de G. 26.593.420 en concepto de patentes municipales.
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Casco a través de varias llamadas telefónicas, que fueron grabadas en un procedimiento fiscal a cargo de Dos Santos, ofreció a la víctima los “servicios” de otro funcionario municipal, quien a cambio de la entrega de una suma de dinero podía hacer “desaparecer” la deuda de Objetivo SA del sistema informático de la Municipalidad de Asunción.
Esta persona a quien ofrecía Casco no era otra que Giménez Villalba, con quien García Boccia también mantuvo varias conversaciones telefónicas.
El 7 de octubre de 2016, la jueza penal de garantías Lici Teresita Sánchez autorizó la autenticación de los billetes de G. 100.000 que totalizaban G. 11 millones, y que fueron entregados a los funcionarios.
El 13 de octubre de 2016 se concretó el encuentro entre García Boccia, Giménez Villalba y Casco, en el estacionamiento de contribuyentes de la Comuna, y tras una breve conversación la víctima entregó los G. 11 millones. Giménez Villalba dijo que era otra persona la que “borraba” la deuda.
Lo que dispone la norma
El Artículo 7º de la Ley Nº 2523/2004 sobre el Tráfico de influencias dispone:
1) El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer invocando poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas, será castigado con pena privativa de libertad hasta tres años o multa.
- Los funcionarios municipales Juan Esteban Giménez Villalba y Nicolás Ramón Casco fueron acusados en calidad de autores, según el escrito forense del fiscal José Ángel dos Santos.