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“Jakare” Sanabria Mora obtendría prescripción orquestada en la Corte

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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El exsíndico general de Quiebras Gerardo Sanabria Mora obtendría este jueves la prescripción de su caso. Todo fue orquestado en la Corte, porque pese a 26 urgimientos fiscales, los ministros tuvieron el expediente casi 8 años.

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Tanto el plazo de extinción de duración del proceso, que es de cuatro años (descontando las suspensiones e incidentes), como el de prescripción por el doble del plazo de la pena mínima del hecho punible de lesión de confianza (5 años) benefician a “Jakare” Sanabria, quien logró congelar durante 12 años el pedido de juicio oral por un supuesto perjuicio de G. 2.700 millones.

Según los datos, los cómputos que realizan tanto la presidenta del tribunal de sentencia, Olga Ruiz, como los fiscales de Delitos Económicos Claudia Morys y René Fernández ratifican el excesivo transcurso del tiempo y que la causa feneció. Tras una publicación periodística, la Superintendencia de la Corte ordenó la auditoría del caso a la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, a cargo de Mario Elizeche.

Sin embargo, a todas luces la máxima instancia judicial es la responsable por la anunciada impunidad que se dará este jueves.

Desde la Sala Constitucional se orquestó la prescripción de la siguiente manera: El proceso se inició el 28 de marzo 2005 con la imputación por lesión de confianza por omisión. Fue presentada por el entonces fiscal Adolfo Marín, quien cuestionó la ausencia de Sanabria Mora en un cuestionado remate de la quiebra de Bancopar, en el 2002. El Ministerio Público acusó al exsíndico un año después, en marzo de 2006, y en octubre del mismo año se elevó el caso a juicio oral y público.

El juzgamiento se desarrolló el 4 de octubre de 2007. En ese entonces, el tribunal de sentencia, con los votos en mayoría de María Doddy Báez (exjueza) y su colega Gustavo Amarilla, dictó la prejudicialidad (que se determine primero en el fuero civil si hubo daño patrimonial).

Esa resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 7 de diciembre de 2007, con votos de Gustavo Ocampos, Carlos Bray Maurice y Tomás Cárdenas.

El 28 de diciembre de 2007, la Fiscalía planteó una inconstitucionalidad que fue cajoneada por los ministros Antonio Fretes, Óscar Bajac y César Garay por casi 8 años, debido a que se hizo lugar al pedido fiscal el 28 de julio de 2015, y se ordenó un nuevo juicio oral, que nuevamente, tras casi dos años, fue marcado.

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