Por medidas de seguridad, el meteórico juicio se hizo ayer de mañana en el cuartel policial asunceno donde el capo cumple los últimos meses de su sentencia por lavado de dinero.
La causa finiquitada ayer se inició en el año 2013, cuando el comerciante pedrojuanino Víctor Ramírez Aguirre, de 58 años, formuló una denuncia por estafa, ya que compró de Jarvis un inmueble que nunca le fue transferido por los problemas judiciales que soporta este último.
Llamativamente, la causa había sido elevada a juicio oral por pedido del fiscal Juan Carlos Blanco (ya fallecido), con la venia del fiscal adjunto Justiniano Cardozo, por lo que en principio se creyó que podría tratarse de una maniobra tendiente a que el capo dilate su extradición al Brasil, que debe ser ejecutada este fin de año.
Sin embargo, en el juicio que se hizo ayer sus abogados Laura Casuso y Jorge Prieto presentaron un acuerdo de conciliación firmado el 22 de marzo pasado con la víctima y que fue homologado por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Santiago Núñez, aunque con el consentimiento de los fiscales Hugo Volpe y Martín Areco.
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El comerciante afectado, Víctor Ramírez Aguirre, declaró brevemente en el juicio y afirmó haber sido resarcido completamente y que ya no tenía nada qué reclamar a Jarvis. El magistrado Núñez hizo lugar así al pedido de extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del capo.
