Fuentes del JEM indicaron que el martes pasado ya se tenía previsto iniciar la investigación preliminar a los camaristas, jueces y fiscales que intervinieron en la causa conocida como Masacre de Curuguaty, donde fallecieron 17 personas, entre ellas 11 campesinos y 6 policías. Estos últimos debían desalojar a los primeros de las tierras denominada Campos Morombí o Marina Cue.

Sin embargo, el JEM no solicitó los antecedentes del caso porque aguardó la denuncia del Ministerio Público ante este órgano extrapoder contra los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes integraron la Sala Penal que absolvió a los 11 condenados por homicidio y otros delitos.

La denuncia del Ministerio Público contra los camaristas no se produjo hasta ahora. De igual manera, el JEM también estuvo expectante de que la Cámara de Senadores realice la denuncia contra los camaristas, pero tampoco se hizo.

La Sala Penal de la Corte integrada con Rolón, Sánchez y Martínez (los tres postulados para ocupar dos cargos vacantes en la Corte), absolvió a los 11 condenados por la masacre. Los mismos argumentaron que los fiscales de la causa no demostraron la responsabilidad de los condenados por el homicidio doloso, en grado de autoría. Sin embargo, las condenas también fueron por otros delitos como invasión de inmueble ajeno, resistencia, coacción grave y asociación criminal, que no habrían sido analizados por la Sala Penal, con lo que se configuraría el mal desempeño de funciones de los camaristas.

Las condenas a los 11 campesinos había sido ratificada por la Cámara de Apelaciones de Canindeyú.

Rubén Villalba, sindicado como líder del grupo recibió la pena más elevada de 35 años de reclusión –30 de pena y 5 años de medida de seguridad–, mientras que Luis Olmedo fue sentenciado a 20 años de reclusión y Néstor Castro y Arnaldo Quintana, a 18 años de prisión, por los hechos punibles de homicidio doloso (tentativa), lesión grave y asociación criminal.