La abogada Kathya González reveló ayer que el juez Martínez Rozzano, quien tiene a su cargo el amparo contra el Jurado ante la negativa de proveer las actas de las sesiones y otros documentos, remitió el expediente a su colega del fuero laboral, Sandra Bazán, ante el pedido hecho por esta última, quien tramita otro amparo presentado por Hermann Sosa contra el referido órgano.
El magistrado Martínez Rozzano tiene que resolver una aclaratoria que presentó la Coordinadora de Abogados, atendiendo que en la resolución en la cual hizo lugar al amparo, el juez no ordenó la entrega de las actas solicitadas y otros documentos, que revelarían que los abogados contratados serían operadores políticos o planilleros de la institución.
Kathya apuntó que el viernes pasado conversó con el juez, y este le dijo que resolvería la aclaratoria. Sin embargo, ese mismo día envió el expediente a su colega Bazán, que tramita otro pedido contra el Jurado, pero totalmente diferente a lo solicitado por la Coordinadora.
La jueza Bazán revivió una acordad de la Corte del año 1969 y pidió a la vista el amparo tramitado ante el magistrado Martínez Rozzano.
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“Los jueces se están prestando a una grosera maniobra para abortar una garantía constitucional, que es el acceso a la información pública. Es una vergüenza”, manifestó Kathya.
El titular del Jurado de Enjuiciamiento, el senador colorado Óscar González Daher, estaría presionando a los jueces para que no ordenen la entrega de las actas y los documentos con respecto a 43 abogados contratados, a quienes el Jurado, en el 2016, pagó la suma de G. 855.700.000 en concepto de honorarios profesionales.
“Queremos saber qué hicieron estos profesionales, si la contratación se dio por concurso y sus fundamentos”, insistió ayer la presidenta de la Coordinadora.
El artículo 28 de la Constitución garantiza el acceso a información de fuente pública, en este caso, el Jurado. Además, la Ley 5189 establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público, y la Ley 5282 es “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.