Carol Turrini, presidenta de la Cooperativa Mi Casita, entidad por la que se desviaron los fondos, y su esposo Carlos Valenzuela, además de Hugo Acevedo, propietario de la Constructora Área, encargada de la construcción de 121 viviendas tradicionales, fueron los que presentaron nuevos abogados.

Si bien el juez Fernández les dio cinco días para tener copias del expediente y advirtió que tienen la obligación de litigar de buena fe y evitar planteamientos dilatorias, fijó a los acusados una audiencia recién para dentro de un mes.

De esta manera, una vez más, se postergó una diligencia que vienen eludienmdo los acusados desde hace tiempo, con diferentes argumentos que rayan en la mala fe, para no someterse a la justicia.