En el segundo día de la audiencia preliminar, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas y los demás acusados coincidieron en proponer suspensión condicional del procedimiento.
A modo de reparación del daño, ofrecieron donaciones individuales de 8 millones a 20 millones de guaraníes e, incluso, un monto global de G. 100 millones para no ir a juicio oral y público.
Tras escuchar las propuestas de las defensas, la fiscala Claudia Aguilera se ratificó en el pedido de juicio oral y público para todos, menos uno, el funcionario de Contraloría General de la República Derlis Cabrera.
Aguilera explicó que Cabrera estaba procesado por frustración a la persecución penal por no haber contestado en forma diligente un pedido de informe, por lo que no tuvo participación directa en el hecho que dio origen al proceso.
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Distinta es la situación de los demás acusados, para los que se ratificó en su acusación, tras resaltar la gravedad del hecho, ya que el accidente pudo haber causado víctimas fatales.
Además de Cárdenas están acusados Alejandrino Duarte Centurión, constructor de la empresa ADC Construcciones; Guido Fernando Salcedo Díaz, director de Administración y Finanzas de la Comuna lambareña; el docente Vicente Acosta Gibbons, director del Colegio Nacional de Lambaré; el arquitecto Francisco Villalba y el ingeniero civil Carlos Mendieta Candia.
Duarte ha sido acusado por actividades peligrosas en la construcción y los demás por lesión de confianza; Villalba en carácter de cómplice y los demás como coautores.
En la fecha, el juez penal de garantías Hugo Camé resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
Daños físico y económico
El hecho que dio origen a este proceso ocurrió a las 15:30 del 30 de setiembre de 2015, cuando el techo del aula del 9º grado, segunda sección, ubicada en la planta alta del Colegio Nacional de Lambaré, se derrumbó. El accidente causó lesión de distinta gravedad a 14 estudiantes.
La pericia encargada por la Fiscalía reveló la deficiencia con la que fue edificada la estructura y la mala calidad de los materiales empleados en la misma. La acusación refiere acciones realizadas entre diciembre del 2012 y febrero del 2013 y cuantifica el perjuicio en G. 266.730.000, por la sobrefacturación del “100%” de tres aulas del CNL, entre ellas la que se desplomó.