Juez definirá si Chicharõ y sus dos hermanos afrontarán juicio oral

El magistrado debe resolver el pedido de juicio oral y público. El fiscal antidrogas Marcelo Pecci sostiene que los hermanos no pueden justificar G. 15.000 millones de su patrimonio, que serían producto del narcotráfico.

Este expediente concentra dos causas: la primera es por lavado de dinero, abierta a raíz de una imputación presentada en mayo de 2015. En este caso, tanto el diputado suplente como sus hermanos estuvieron en prisión durante 6 meses, tras lo cual fueron beneficiados con la prisión domiciliaria y luego con la libertad, por compurgamiento de la pena mínima.

Posteriormente, la Fiscalía amplió el caso por nuevos hechos y solicitó procesar a los Sánchez por hechos vinculados al narcotráfico con los artículos 42 (beneficiarse del narcotráfico) y 44 de la Ley 1340/88 de tráfico de drogas (asociación para comercializar sustancias prohibidas), y el artículo 239 del Código Penal (asociación criminal).

La causa estaba entonces a cargo del juez de delitos económicos Humberto Otazú, quien aceptó la ampliación por lavado, pero derivó la imputación sobre narcotráfico a otro juzgado, por la naturaleza específica de su función. La cámara dispuso un nuevo sorteo de juez y quedó firme la competencia de Paublino Escobar.

Según la fiscalía, unos G. 15.224 millones serían parte del patrimonio de los hermanos Sánchez que no pueden justificar como lícito.

Para intentar justificar los millones, los hermanos crearon empresas con grandes capitales de dinero, sacaron millonarios préstamos del Fondo Ganadero (ya finiquitados) y vendieron 3.500 cabezas de ganado, entre otros hechos.

Nunca se dio la prisión

En su imputación por hechos vinculados al narcotráfico, el fiscal Marcelo Pecci pidió la prisión preventiva de los hermanos Carlos Rubén, Ardonio y Denilso Sánchez Garcete al argumentar que los hechos son considerados crímenes y tienen penas de hasta 25 años de cárcel. Los Sánchez chicanearon la audiencia de imposición de medidas, y el juez Paublino Escobar debe definir, a la par de la preliminar, si envía o no a prisión a los políticos de Capitán Bado.