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La fiscala en setiembre de 2016 acusó a León y Víctor Hugo Ferreira, y el 8 de marzo de 2017 acusó a Alfredo Ramón Sánchez y Eduardo Ramírez; además amplió la acusación respecto a León y Ferreira y envió el cuaderno de investigación fiscal y las evidencias, al juzgado a cargo de Otazú.
La fiscala Ledesma señaló en el escrito de urgimiento que hace más de un año se presentó el último requerimiento conclusivo en este caso, con respecto a otros acusados, por lo que se superó en exceso el plazo para fijar la preliminar.
La semana pasada el magistrado Otazú fijó la audiencia preliminar para el 3 de abril. El juez había señalado que el expediente se encuentra en la Cámara de Apelación, ante un recurso promovido por las defensas.
El magistrado había hecho lugar al pedido de destrucción de las armas que hizo la fiscalía. Sin embargo, los defensores de los imputados apelaron la resolución.
Ledesma destacó que se deben “garantizar el cumplimiento de los plazos máximos estipulados para la investigación y evitar dilaciones innecesarias que permitan llegar dentro de los plazos máximos de duración del proceso penal establecido por el artículo 136 del Código Procesal Penal”.
Antecedentes
Los antecedentes revelan que el 9 de marzo de 2016, agentes de la Senad y la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Policía Nacional encontraron un poderoso arsenal compuesto de armas, municiones y hasta explosivos dentro de una vivienda situada en el barrio Villa Aurelia de la capital y que era usada como un “supermercado” de material bélico.
El procedimiento fue encabezado por la fiscala Lorena Ledesma, a quien León intentó varias veces apartar de la causa, en busca de fiscales a medida.
León ya había sido investigado por el Ministerio Público, porque vendía a particulares armas y municiones importadas a nombre de la Corte. El caso terminó en la nada en la Fiscalía.