El juez en lo civil y comercial del 2° turno Arnaldo Martínez Rozzano al hacer lugar el juicio de amparo constitucional el 9 de agosto pasado, omitió ordenar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que provea las copias de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo en los años 2015 y 2016.
Este punto es sumamente importante porque los órganos del Estado mantienen en secreto las sesiones que realizan y no dan a conocer cómo llevaron a cabo estas sesiones porque generalmente son “cocinadas” de sus miembros para otorgar cargos, reasignaciones, beneficios económicos y otras decisiones al margen de la ley.
La Coordinadora de Abogados que preside Kattya Mabel González tiene la sospecha de que al menos 43 funcionarios contratados no son más que operadores políticos o planilleros, a los que se les pagó en el 2016 más de G. 845 millones, bajo el Rubro 145.- Honorarios profesionales.
La acción de amparo se promovió ante la negativa de proveer información pública el titular del JEM, el colorado cartista Óscar González Daher.
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El JEM es un órgano que desde su funcionamiento prevista en la nueva Constitucional Nacional de 1992, tiene el estigma de que sirve para coacción y extorsionar a jueces y fiscales.