Tras culminar ayer la audiencia de revisión de medidas solicitada por los hermanos Sánchez Garcete, el juez Otazú resolvió confirmar el arresto domiciliario que pesa sobre ambos imputados, por lavado de dinero.
El magistrado explicó que por el momento no existe otra forma de asegurar el sometimiento ante la justicia de los hermanos Sánchez Garcete que no sea manteniendo la medida cautelar mencionada. Además, la situación procesal de los dos no ha variado como para que obtengan una medida como la libertad, indicó.
El juez Otazú agregó que no hubo ofrecimiento de orden patrimonial para cambiar el arresto domiciliario por la libertad ambulatoria.
Los hermanos Sánchez Garcete obtuvieron el arresto domiciliario luego de cumplir la pena mínima de 6 meses de prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú. Hace 4 meses que los imputados están recluidos en sus casas, con lo que suman 10 meses de medida cautelar, tiempo que será computado en caso de que sean condenados.
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En la audiencia de revisión de medidas, el fiscal Marcelo Pecci solicitó al juzgado que mantenga la medida cautelar porque existe peligro de fuga, debido a la envergadura del caso. Un tercer hermano, el recientemente electo intendente de Capitán Bado, el también colorado Denilso Sánchez Garcete, sigue con prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú desde el 5 de enero último. También fue procesado como sus hermanos por lavado de dinero.
Según la imputación de la fiscalía, unos G. 15.224 millones serían parte del patrimonio de los hermanos Sánchez Garcete que no pueden justificar.
Supuestamente dicho bien patrimonial proviene del narcotráfico, pero hasta ahora el fiscal Pecci no amplió su imputación por ese hecho punible.