11 de Febrero de 2016

| rechazó pedido de informes sobre el procedimiento

Juez ratifica la legalidad del allanamiento de la Conmebol

El juez Humberto Otazú rechazó ayer la impugnación y pedido de informes sobre las causas que motivaron el allanamiento del local de la Conmebol el pasado 7 de enero. La intervención se hizo conforme a un convenio internacional y en el marco del proceso de extradición de Nicolás Leoz, sostuvo el magistrado al señalar que la Conmebol no es víctima ni parte en el caso.

“El allanamiento a la Conmebol se realizó dentro del marco de la cooperación internacional entre la Fiscalía de Nueva York como estado requirente y la Fiscalía de Paraguay como estado requerido”, afirmó el juez en su resolución.

“La Conmebol no goza de legitimación activa para impugnar” ni solicitar informes al respecto, agregó el magistrado Otazú.

El juez dijo también que la intervención de la sede de la entidad deportiva sudamericana se concretó dentro del pedido de extradición de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, quien soporta prisión domiciliaria en Asunción desde junio del 2015.

El procedimiento se realizó “con relación al exhorto ‘cooperación internacional en la causa Fiscalía del Distrito Este de Nueva York -EEUU contra Nicolás Leoz y otros sobre lavado de dinero y otros”, precisó el juez en su resolución.

Añadió que la requisa de la sede de la Conmebol también se realizó bajo el amparo de “la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal de la Organización de Estados Americanos, suscripta en Nassau, Bahamas en el año 1992”.

La Conmebol no puede alegar que es víctima porque no ha demostrado que sufrió agravio alguno, sostuvo el magistrado al indicar que durante el allanamiento los representantes legales de la entidad deportiva fueron testigos presenciales y tuvieron conocimiento pleno de la intervención.

Con patrocinio del abogado Cristóbal Cáceres Frutos, el profesional Alfredo Montanaro planteó la impugnación y solicitó documentos e informes sobre las razones que motivaron el allanamiento.

Durante la intervención, el fiscal de lavado de dinero Hernán Galeano secuestró miles de documentos administrativos cuyas copias serán enviadas a EE.UU.

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