Diana María Luz Cabriza es una funcionaria activa de IPS y sufre una afección denominada “genus valgo severo”, que le atrofia la pierna derecha y le produce acortamiento a medida que avance la enfermedad.
La mujer planteó el amparo contra la previsional y el juez Riquelme corrió
traslado a la entidad para que informe detalladamente sobre los fundamentos de la negativa de provisión de la prótesis.
El magistrado tomó esa determinación teniendo en cuenta que en un primer momento hubo una aprobación administrativa y se adquirió la prótesis, pero luego se denegó a la paciente.
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De acuerdo a los antecedentes del escrito de amparo, el médico Santiago A. Urbieta recetó una “P.T.R. columbus c/ cemento y set de colocación”. Además, indicó que la paciente “está con impotencia funcional y deambula con ayuda de bastón, con mucho dolor y deformidad en argo. Se plantea cirugía en la brevedad posible”.
Se consigna, además, que por indicación del médico tratante la amparista debió ser intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio San Roque, sin que la intervención implique costo o erogación alguna para IPS.
Sin embargo, la entidad se negó a proveerle la prótesis total de rodilla, pese a que el artículo 30 de la Ley N° 98/92, establece la compra de aparatos de prótesis y ortopedia.
La asegurada pidió como medida cautelar de urgencia que la prótesis de rodilla le sea proporcionada en 24 horas para ir a cirugía.
El juez Riquelme se expediría sobre la medida de urgencia mañana, según trascendió.