Jueza cajoneó más de un año un exhorto contra Jarvis Chimenes

Un exhorto de cooperación jurídica que envió Brasil en abril de 2015 contra el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão fue cajoneado por la jueza Patricia González por más de un año. El juez interino de su despacho, Paublino Escobar, descubrió de casualidad este y otros seis pedidos que nunca fueron tramitados.

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Patricia González está con permiso desde julio de este año, ya que acompaña a su esposo Roberto “Melcha” Melgarejo, quien se desempeña como cónsul general en Málaga, España.

Paublino Escobar, juez interino de su despacho desde agosto pasado, comunicó ayer que solicitó a la Corte la auditoría de siete exhortos, entre ellos el de Jarvis, que nunca fueron tramitados. Los mismos datan de 2009, 2014 y 2015, pero inexplicablemente nunca fueron cargados al sistema informático del Poder Judicial, y tampoco tienen cargo.

El hallazgo de los exhortos no tramitados fue fortuito, reveló Escobar. El mismo indicó que el viernes de la semana pasada vio expedientes apartados de forma llamativa en un rincón de la secretaría de González, lo que le llamó la atención.

El revisar los documentos corroboró que se trataba de siete exhortos no tramitados. Los mismos funcionarios de ese despacho intentaron evitar que el magistrado siguiera hurgando, e inclusive le dijeron que ya estaban finiquitados.

Esta irregularidad se informó a la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, que ordenó la auditoría de las causas a la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, a cargo de Mario Elizeche.

Extraña llamada

El juez Paublino Escobar, inclusive, reveló que recibió una llamada desde España, pero no especificó si se trató de su colega Patricia González. Le pidieron que no difundiera los expedientes sin tramitar, para así evitar “perjudicar a alguien”. Pese a esto, el juez denunció la irregularidad a la Corte.

Desde Tacumbú

En el pedido de Eduardo Gomes Philippsen, juez Federal del 5° Juzgado Federal de la Subsección Judicial de Novo Hamburgo, Sección Judicial del Estado de Río Grande do Sul, Brasil, se consigna que Jarvis traficaba con una banda estando preso, en Tacumbú. Por este motivo soporta el proceso penal desde 2013 y se solicitó el embargo de sus bienes.

Según el documento, Jarvis está “estrechamente ligado” a una organización criminal que operaba en Santa Cruz do Sul, encabezada por Antonio Marco Braga Campos, cuya banda traficaba armas y drogas, introducidas desde la ciudad fronteriza de Foz de Yguazú.

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