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Por este hecho están imputados el actuario judicial Víctor Marecos, del Tribunal de Sentencia Nº 28 de Alba González, y el funcionario administrativo Héctor Leguizamón López. El primero está recluido en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, mientras que el segundo sigue prófugo.
Si bien la magistrada Nilda Giménez votó por esa pena mínima a pedido de la fiscala antidrogas Elva Cáceres, decidió comunicar al presidente de la Sala Penal de la Corte, el ministro Sindulfo Blanco, las irregularidades que se dieron desde el momento del adelantamiento de la fecha de juzgamiento.
La magistrada explicó que tiene como criterio no dar más pena de la solicitada por el Ministerio Público y que así obró en la causal.
Sin embargo, tras el escandaloso caso del pedido de coima entendió algunos manejes raros que tienen que ver con la premura para realizar el juicio de una causa nueva (del 2017) siendo que hay otras que están por prescribir, y el extraño adelantamiento del juzgamiento.
En la nota remitida a Blanco, la jueza explicó que requirió a la jueza Alba González (presidenta del tribunal) que pida explicaciones al actuario Marecos del adelantamiento del juicio que estaba fijado para el 15 de noviembre de este año y se anticipó para el 28 de junio.
El juicio fue contra Walter Osmar Almada y Ángel Omar Ruiz Díaz, quienes se declararon adictos luego de ser aprehendidos con 80 pastillas de éxtasis.
También ayer Nilda Giménez envió un escribano público ayer al lugar de reclusión de Víctor Marecos y este no quiso recibirlo. Quiso que conste en acta si alguna vez ella habló de esta causa con él.