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El caso tiene que ver con el pago de G. 14.000 millones y la falta de transferencia de un inmueble que ocasionó que el Ministerio de Educación deba realizar un juicio en el fuero civil por obligación de hacer escritura pública.
La jueza Nilda Giménez, presidenta del tribunal de sentencia, dispuso la medida por recargo de trabajo y notificó de ello al fiscal de Delitos Económicos, José dos Santos. Las otras dos miembros del tribunal son Mesalina Fernández y Gloria Hermosa.
Este proceso penal se inició a raíz de la compra del céntrico edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto y Benjamín Constant.
El Ministerio Público indica en su acusación que la compra no debió ser realizada vía excepción y que la operación causó un perjuicio de G. 14.000 millones al MEC, pues el inmueble no está a nombre del Estado.
Además del exministro, están acusados Luis Fretes, José López Pistilli y Marco Ferreira Basualdo, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, exdirector de Administración y Finanzas y exasesor jurídico, respectivamente.