En su declaración en la Cámara Gesell, el niño relató cómo los ahora procesados –vecinos de la víctima– lo obligaron a prácticas sexuales por la fuerza y bajo amenazas de matar a su familia.

Llamativamente la fiscala María José Pérez pidió la suspensión condicional del procedimiento, postura rectificada posteriormente.

En junio de 2016, el tribunal presidido por el juez Óscar Rodríguez Massi había condenado a los adolescentes a penas de entre 2 y 3 años y 6 meses de cárcel. Posteriormente, la Cámara de Apelación de Central anuló las penas por falta de argumentos, pero confirmó la culpabilidad del hecho punible. Mediante un recurso de casación, el abogado querellante José Domingo Almada logró que se ordene la realización de un nuevo juicio para el estudio de las penas.

Este juicio estaba fijado para el 31 de mayo último, pero el tribunal de sentencia de Luque, presidido por el juez Julio César López, postergó la audiencia para realizar otro juicio. Padres de la víctima expresaron su preocupación por la posible prescripción de la causa.