El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por el abogado Adrián Salas, en la sesión del martes pasado resolvió archivar la denuncia del defensor adjunto del Pueblo, Édgar Villalba, contra fiscales y una jueza que ocupan cargos en el Gobierno.
Los beneficiados con la resolución del órgano juzgador son los fiscales Soledad Quiñónez (ministra Anticorrupción), Jorge Kronawetter (director de Migraciones) y Jalil Rachid (viceministro de Seguridad) y la juez Carla Bacigalupo (ministra de Justicia).
Todos ellos solicitaron permiso a la Fiscalía General del Estado y a la Corte, respectivamente. Pese a la grosera irregularidad y clara violación constitucional, las autoridades de dichos entes dieron su venia.
La sumisión de los miembros del Jurado les obligó a pisotear un dictamen anterior, en el que la dirección jurídica dijo que es causal de mal desempeño solicitar permiso para ocupar cargo en el Gobierno.
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El órgano juzgador está incluso conformado por dos ministros de la Corte, Gladys Bareiro de Módica y Raúl Torres Kirmser. Además están los senadores Adolfo Ferreiro y Óscar González Daher, los diputados Jorge Ávalos Mariño y Óscar Tuma y el abogado Enrique Riera, por el Poder Ejecutivo.
Ferreiro hasta ahora es el único que manifestó su desacuerdo con la decisión.
Como la resolución aún no fue firmada, todavía no se tiene quiénes son los miembros que avalan esta violación constitucional por parte de los fiscales y la jueza. Solo se informó en forma escueta la decisión, en comunicado de prensa.