En la plenaria del martes pasado el Jurado presidido por el senador colorado Óscar González Daher dispuso una investigación a las tres magistradas que absolvieron a dos peruanos acusados de introducir 3 kilos de cocaína al país.
Carmen Barrios, Haydée Barboza y Mónica Rivas falsearon o alteraron datos y cayeron en una serie de contradicciones para blanquear a los acusados Juan Manuel Huaman Villanueva y Júnior Abel García, según el escrito de apelación del fallo que presentó el fiscal Manuel Rojas ante la Cámara.
Las juezas cayeron en una serie de contradicciones e incluso anularon pruebas para favorecer a los extranjeros que, según fuentes, ya abandonaron el país.
Las juezas dijeron en su fallo que los hechos de introducción de estupefacientes al país (se pena hasta con veinte años de cárcel) y tenencia de droga (hasta con quince años) no fueron probados en el juicio oral.
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En cuanto a la tenencia de estupefacientes sin autorización, el tribunal sostuvo dos hipótesis antagónicas. “En la primera parte del fallo habla de la existencia de pruebas suficientes que demuestran el hecho. Sin embargo, luego concluye como no probado el hecho”, dijo Rojas.
“El tribunal luego de haber argumentado con cierto énfasis la probanza suficiente de la existencia del hecho, termina declarando no probado el hecho. Para ello, utiliza como argumento hechos o actuaciones deficientes que pretende atribuir a la acusación pública. Argumenta en tal sentido que el fiscal ha basado su acusación en la declaración indagatoria de los imputados y que se ha violado la cadena de custodia”, puntualizó el agente del Ministerio Público.
La apelación es testimonial, ya que los peruanos apenas liberados por las juezas salieron del país. Habían sido detenidos el 2 de setiembre de 2015 en Ciudad del Este, con 3 kilos y 11 gramos de cocaína.
Alteraron datos
Según el fiscal Rojas, las juezas alteraron datos del juicio oral para favorecer a los dos acusados por tráfico. La acusación del agente es muy grave y de ser corroborada por el Jurado, las magistradas deben recibir una dura sanción.
Las liberaciones en los caso de tráfico de droga siempre generan sospechas, atendiendo el poder económico de los involucrados.
Hace algunos años varios jueces de Ciudad del Este fueron removidos por el órgano juzgador y otros renunciaron ante la inminente destitución. Se espera que el Jurado actúe con firmeza y no apañe a los magistrados que fallan al margen de la ley, sobre todo para blanquear a traficantes de droga.
Se espera que no haya blanqueo
La jueza Carmen Barrios tiene un enjuiciamiento abierto en el Jurado por favorecer con el arresto domiciliario a un procesado por el tráfico de 5 kilos de cocaína. Se espera que el Jurado resuelva el caso y no se preste a ninguna maniobra para blanquear a la cuestionada magistrada.
Una auditoría de la Corte había analizado la causa “Ministerio Público contra Hermes Enrique Argaña y otros sobre supuesto hecho punible contra la Ley 1340/88”. Intervinieron los magistrados Carmen Barrios, Cleto Quintana (destituido) y Graciela Flores.
El 8 de febrero de 2012 se incautaron del interior de un automóvil guiado por Argaña y ocupado, además, por Gustavo Adolfo Mansur y Damián Álvarez Frutos, 5 kilos 90 gramos de cocaína. Los tres jueces beneficiaron con el arresto domiciliario a Álvarez. La auditoría confirmó que violaron la ley.
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